El Nacional — Caracas: Sábado 26 de Noviembre de
1966
Ciudad
Bolívar, 25 (Especial)
El Ministro
de Justicia, doctor J. M. Núñez
Aristimuño, pidió al doctor Domingo
Monserrat, renuncie a su cargo de Juez en la Corte Superior de esta
Circunscripción Judicial.
Según se
informó hoy, el Ministro pidió personalmente la renuncia al Magistrado en un
intento por zanjar un problema de competencia profesional que afecta la
administración de justicia, y el cual se ha suscitado cual se ha suscitado
entre los miembros de la Corte, Domingo Monserrat contra el doctor Álvaro
Natera Natera Febres y el Presidente Pastor Ollarves
El problema
que tiene derivaciones anteriores, se agudizó a raíz de unas declaraciones
aparecidas en este diario el 28 de setiembre del doctor Rafael Monserrat Lugo,
hijo del Juez Domingo Monserrat, y en las cuales hizo imputaciones graves
referentes al caso de la Lotería de Guayana contra el Juez Álvaro Natera
Febres.
El Juez
Natera Febres, en aquella oportunidad, pidió al Ministro de Justicia la
presencia aquí de un Inspector de Tribunales para que investigara su caso y fue
correspondido, pero el Inspector generalizó la inspección a los miembros de
la Corte en general y de los resultados conoció el Ministro Núñez Aristimuño,
quien llamó a su Despacho al doctor Monserrat y le pidió la renuncia. Lo de la renuncia fue confirma da por el
doctor Luis Toussaint Ortiz, Procurador General del Estado, en un oficio
referencial dirigido al Presidente de la Legislatura.
Según se
informó, el Juez Domingo Monserrat se negó a la dimisión de su cargo en la
Corte Superior y planteó la situación a la Directiva del Colegio de Abogados,
que designó una comisión integrada por los abogados Orlando Uzcátegui, Ramón
Sambrano Ochoa y Francisco Díaz, para entrevistarse con el Ministro y aclarar
el problema. El Ministro, al parecer, se negó a recibir a la comisión.
Los tres
Jueces de la Corte Superior, entrevistados por este corresponsal, se han
negado a declarar sobre el asunto, pero han admitido la existencia de un problema
interno grave que afecta la administración de justicia y el cual, a la postre,
tendrá que conocer de lleno el Consejo de la Judicatura encargado de velar por
la disciplina y decoro de los Tribunales.
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